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¿Qué opina de la creación de la DO Viñedos de Álava al margen de la DOC Rioja?

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, junto con las organizaciones empresariales agrarias más representativas de la región (ASAJA, COAG y UPA), han consensuado un documento que han remitido a la Administración, con el objetivo de establecer mecanismos de autorregulación para intentar acabar con la sobreproducción de vino que ha convertido a España en el paraíso mundial del vino ‘low cost”. La duda es si la propuesta bastará para que el vino español pueda mejorar su competitividad internacional.

El texto, bautizado como “Norma de Comercialización”, pretende adecuar el volumen de producción en toda España a las necesidades de abastecimiento, además de evitar distorsiones o alteraciones en el mercado y mejorar la calidad de los productos derivados de la uva. La iniciativa ha surgido después de constatar una caída en picado de los precios de alrededor del 20 por ciento en los primeros meses de 2019, como consecuencia del volumen de la última cosecha que, de acuerdo a datos oficiales, ascendió a 49,2 millones de hectolitros. El mercado español vitivinícola oscila entre campañas de producción moderada y recuperación de precios y cosechas de gran volumen y caída de la cotización hasta extremos sin parangón en el contexto internacional.

En la actualidad, tal y como ha denunciado la revista “Enólogos”, no existen mecanismos previos de autocontrol orientados a limitar el volumen y a regular la oferta y la demanda. Esa imprevisión, compartida por las cooperativas y la Administración autonómica y nacional, ha convertido a España en el país que más barato exporta su producción vitivinícola. Concretamente, en los primeros meses de 2019, el precio medio del litro de vino exportado se sitúa en el entorno de 1,20 euros, una cotización que se explica por el elevadísimo peso porcentual del granel sobre el total. Es decir, España exporta la mayor parte de su producción sin embotellar, lo que hace que su precio medio sea el más bajo del mundo y sus márgenes de beneficio resulten muy modestos en comparación con el resto de países competidores.

Esta distorsión del mercado se localiza, muy especialmente, en las cuatro grandes regiones granelísticas (Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia y Murcia). El grave problema es que, hasta el momento, no solo no se ha contrarrestado el previsible aumento de volumen cuando la climatología es favorable sino que se ha estimulado el rendimiento por hectárea mediante la irrigación, la selección de variedades y la modernización de los sistemas de producción. Eso explica la irrupción de periódicos tsunamis vitivinícolas que el mercado se ha acostumbrado a absorber mediante la caída en picado de los precios, lo que ha llevado a España a convertirse en el siglo XXI, de modo estructural, en el referente mundial del low cost vitivinícola.

 

 La involución desde el año 2000

En el año 2000, cuando aún existían destilaciones de crisis que contribuían mediante subvenciones a modular el mercado, España exportaba el litro de vino a un precio de 1,21 euros, exactamente al mismo nivel que Italia. En 2019, después de varios años sin ese mecanismo corrector, lo hace a 1,17 euros, un retroceso que adquiere su verdadera dimensión si se añade el efecto de la inflación acumulada que, desde entonces, suma un 38,88%. El dato tiene una traducción sencilla. Actualmente, España, en precios actualizados, exporta el litro de vino de promedio alrededor de un 40% más barato que en el año 2000.

El caso español es absolutamente excepcional, ya que todos los grandes países vitivinícolas exportan el vino a un precio que multiplica la cotización nacional. En algunos casos, como el francés, la diferencia llega a quintuplicar la cotización española, aunque, tal vez, el caso más llamativo sea el de la propia Italia, por lo que tiene de pedagógico, ya que partiendo del mismo nivel que España en el año 2000 ha conseguido aproximarse al umbral de los tres euros por litro.

 

Dos velocidades

La existencia de un enorme mercado granelístico ha consolidado una España vitivinícola a dos velocidades (regiones especializadas en el granel con precios exiguos y regiones dedicadas al embotellado con precios homologables internacionalmente). Hay que tener presente que el precio estimado del litro de granel, en un año de sobreproducción, se sitúa entre los 30 y los 40 céntimos, lo que, en realidad, tienen más que ver con el concepto de commoditie que con el de un producto cualitativo como pretende ser el vino. Los commodities, por el contrario, son bienes genéricos, sin diferenciación de calidad, como el trigo, el maíz, el petróleo o el gas, con un bajo nivel de especialización y unos márgenes de ganancias muy  escasos.

 

La reacción de Cooperativas Agro-alimentarias

En este sentido, el movimiento realizado por el sector productor castellano-manchego, encabezado por Cooperativas Agro-alimentarias, busca implantar una innovadora ‘norma de comercialización’ para el sector vitivinícola que afectaría a todo el territorio nacional, con la finalidad de ajustar el volumen de producto de cada campaña a las necesidades de abastecimiento.

La norma propone una retirada temporal, un almacenamiento privado máximo de cuatro millones de hectolitros de vino y/o mosto en toda España, sin que ninguna bodega con rendimientos elevados, tenga que inmovilizar más del 10% de su producción de vino y mosto elaborado en la campaña.

Esta propuesta normativa que, según sus promotores, se podría poner en funcionamiento a partir de la próxima campaña 2019/20, ha partido de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, que ha visto en ella una verdadera necesidad para que el sector vitivinícola, no solo regional, sino también nacional, “pueda autorregularse cuando las condiciones del mercado así lo aconsejen”.

El documento, resultado de diversas reuniones de trabajo entre Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones empresariales agrarias de Castilla-La Mancha ASAJA, COAG y UPA, ha sido trasladado recientemente a organismos competentes, como Cooperativas Agro-alimentarias de España, que ha asumido la propuesta como propia, a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, al Ministerio de Agricultura y a la Interprofesional del Vino de España, en donde aún se encuentra en fase de discusión.

 

Retirada temporal de rendimientos

Según sus impulsores, la norma de comercialización, que se debería activar antes del 31 de enero de la campaña en aquellas comunidades autónomas cuya suma de existencias y producción declaradas superen en un cinco por ciento la media de sus disponibilidades de las cinco campañas anteriores, consistiría en la retirada temporal de los rendimientos que superaran el umbral aceptable mediante almacenamiento privado de mosto o vino sin Indicación Geográfica Protegida. De este modo, si las condiciones y evolución de mercado así lo exigiera, al activarse la norma, en todo el territorio español, las parcelas de viñedo de uvas tintas que superasen los 150 hl/ha, y de uvas blancas que superasen los 185 hl/ha, sólo podrían destinarse a destilación o elaboración de mostos.

Las bodegas y cooperativas que, según la declaración de cosecha de la campaña, superasen el Rendimiento Teórico de Referencia establecido por cada comunidad autónoma estarían obligadas a la retirada establecida en la norma.

En definitiva, “lo que se pretende”, según los autores de la propuesta, “es mejorar la calidad, intentar que los rendimientos sean moderados y que las uvas lleguen maduras y en buen estado sanitario a las bodegas, además de lograr una adecuada gestión entre campañas de las disponibilidades del producto en las bodegas, de forma que los precios y las cotizaciones oscilen en rangos moderados, evitando así los tan perjudiciales dientes de sierra”.

“Urge una solución”, explican, “y ésta viene a través de la norma de comercialización, que se debe aplicar siempre y cuando la evolución del mercado así lo exija y haciendo un importante ejercicio de responsabilidad que cale en el sector y que evite excesos en la viña para obtener rendimientos excesivos”.