La Federación Española de Asociaciones de Enólogos (FEAE), que preside Santiago Jordi, ha modificado recientemente sus estatutos para abrir las puertas de la institución a técnicos de grado medio y superior de Formación Profesional, así como a todos aquellos titulados medios o superiores que puedan acreditar documentalmente su dedicación a la vitivinicultura. De este modo, el objetivo histórico de la FEAE dirigido a conseguir que todos los enólogos asociados fueran licenciados, graduados o habilitados legalmente como antesala de la creación de un Consejo General de Colegios de Enólogos ha saltado por los aires.

El cambio estatutario supone un hecho trascendental en el funcionamiento de la organización profesional, ya que, hasta el momento, la FEAE solo admitía a licenciados y graduados en Enología, además de a los enólogos habilitados para ejercer la profesión, en virtud del Real Decreto que reguló la actividad profesional en el año 2002. También integraba, asimismo, a quienes ya estaban asociados antes del 31 de diciembre de 1990 y a quienes disponían de título universitario de primer o segundo ciclo en cualquier especialidad de viticultura y enología entre esa fecha y el 26 de julio de 1996, cuando se implantó en España la licenciatura de Enología.

Tras la modificación aprobada por la FEAE, que se refleja concretamente en el apartado 6 del artículo 23 de sus estatutos, se han ampliado los requisitos para asociarse. Por ello, a partir de ese momento, las diferentes asociaciones territoriales pueden tener como asociados a quienes muestren interés en el desarrollo de sus fines “y estén en posesión del algún título vitivinícola expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o que acrediten haber realizado estudios de enología, en cualquiera de los grados académicos homologados en los diversos Centros, Escuelas o Facultades de Enología, tanto nacionales como comunitarias e internacionales. También podrán pertenecer a las asociaciones todos aquellos titulados superiores y medios que documentalmente acrediten su dedicación a la vitivinicultura”.

En la práctica, esta ampliación de los requisitos legales de asociación supone, por ejemplo, que los técnicos medios y superiores de Formación Profesional especializados en Aceites de Oliva y Vinos (grado medio) o bien en Vitivinicultura (grado superior) puedan formar parte de la asociación autonómica correspondiente, algo que era imposible antes de la nueva redacción estatutaria.

Del mismo modo, la FEAE también acoge, después de la aprobación del cambio estatutario, a todos los titulados superiores y medios que acrediten documentalmente su dedicación a la vitivinicultura en términos genéricos, lo que significa que ya pueden asociarse profesionales de formación y desempeño muy diferentes y no exclusivamente enólogos.

Los nuevos asociados no pueden ser compromisarios

No obstante, los nuevos estatutos de la FEAE introducen, a renglón seguido, una aclaración que estipula que “sin embargo, sólo serán admisibles como asociados a los efectos de la pertenencia de las asociaciones a la FEAE y expresamente para poder determinar el número de compromisarios, aquellas personas que se encuentren en alguno de los supuestos de hecho previstos en los apartados nº 1 a 5 de este artículo”. Esta salvaguarda quiere decir que los nuevos miembros que accedan a las asociaciones autonómicas por el apartado 6 del artículo 23 (técnicos de FP y titulados dedicados a la vitivinicultura en general) pagarán las cuotas normalmente (una parte importante de las cuales irá  a parar a la FEAE) y participarán en las actividades asociativas, pero no tendrán consideración de compromisarios, es decir, no podrán representar a las diferentes asociaciones territoriales en la Asamblea General, el “órgano supremo” de la FEAE. Es importante considerar que cada asociación está representada en esa Asamblea General por el número de compromisarios que resulta de dividir el número total de sus asociados entre 50, más otro compromisario por la fracción sobrante. Ese es el único dique de contención que la FEAE ha impuesto a los nuevos asociados que no sean propiamente enólogos y se dediquen a cualquier otra actividad del sector vitivinícola.

Los fines de la FEAE

El cambio estatutario para la admisión de nuevos asociados no ha implicado, por el contrario, la modificación de la redacción del artículo 2 de los estatutos federativos, el que se refiere a los “fines” de la FEAE. “La Federación”, explicita ese artículo, “tiene por objeto la representación y defensa de los intereses profesionales de los enólogos, así como promover el desarrollo y progreso de la actividad vitícola y enológica (…) Asimismo, esta Federación tendrá como fin el obtener el reconocimiento legal de las actividades profesionales de los enólogos, su titulación, su protección jurídica y profesional (…)”. Como se puede comprobar se trata de un artículo referido exclusivamente a los enólogos y en ningún caso a otros profesionales del sector vitivinícola considerado en términos más amplios.

Fuentes del sector enológico consultadas por la revista “Enólogos” consideran que el cambio estatutario del artículo que especifica los nuevos requisitos de asociación obligaría, de hecho, a la modificación, también, del texto referido a los fines del colectivo para poder acoger a todos los profesionales del sector vitivinícola y no solo a los enólogos, como ocurre hasta el momento. Al mismo tiempo, explican que las asociaciones “son, en realidad, entidades privadas de amigos, que se dedican a la parte lúdica del mundo del vino, a las reuniones, a la publicidad, a las relaciones con las autoridades, mientras que la defensa legal de la profesión y la parte seria de la Enología debería corresponder a los colegios profesionales, que son los que están constituidos como corporaciones de derecho público, con las competencias que les otorga la ley”.

Otras fuentes consultadas por esta revista estiman que la conversión de las asociaciones de enólogos en asociaciones de enología y vitivinicultura, donde tienen cabida profesionales de muy diversa cualificación académica y actividad profesional, puede tener sentido en lugares como Cataluña y Castilla-La Mancha, en las que ya existen desde hace años colegios oficiales de enólogos, pero discrepan respecto a que ese modelo sea positivo en el resto de los casos. “En Castilla-La Mancha o Cataluña”, explican, “cada cual puede elegir su pertenencia de acuerdo a sus intereses, pero en el resto de las comunidades autónomas no existe esa opción porque no se han constituido los colegios oficiales de enólogos ni tienen visos de constituirse”. “Por eso precisamente”, añaden, “la medida de la FEAE puede ser una bomba de relojería, ya que debilita la imagen de la profesión en el sentido de que se aleja del objetivo colegial y supone retroceder varias décadas en la consideración y el reconocimiento de los enólogos al confluir en las asociaciones personas recién tituladas, con una cualificación académica muy desigual, desde técnicos de FP a doctores universitarios, desde personas que recepcionan la uva en pequeñas cooperativas a directores técnicos de importantes grupos bodegueros internacionales”.

Cómo se ha llegado hasta aquí

Desde finales de los años noventa, la FEAE tuvo entre sus objetivos más destacados la obtención del reconocimiento legal de la profesión del enólogo, el impulso de la carrera universitaria de Enología y la consecución del Colegio Oficial de Enología con las atribuciones propias de su competencia.

Una vez conseguida la aprobación del Real Decreto 595/2002 que estableció las condiciones para poder desempeñar la profesión de enólogo en España y constatada la progresiva implantación de los estudios universitarios de Enología en la mayoría de las principales regiones productoras (Castilla-La Mancha ha sido la última en incorporar la enseñanza de la Enología a su oferta universitaria), la intención de los dirigentes federativos centró sus esfuerzos en la consecución del Colegio Oficial de Enología con el convencimiento de que otorgaría el mejor marco legal para garantizar los derechos y el prestigio de la profesión.

Los presidentes que se sucedieron al frente de la FEAE desde finales  de siglo XX hasta 2013, Vicente Sánchez-Migallón, Antonio Palacios Muro y Juan Gómez Benítez, con el apoyo de los miembros de sus respectivas juntas directivas y el concurso de muchas asociaciones regionales, dedicaron un esfuerzo constante, además de importantes recursos económicos, para desbrozar el complicado camino de la colegiación profesional.

Pero, finalmente, ese trabajo chocó frontalmente con la legislación, que determinó que la constitución de un Colegio Oficial de Enología debía partir del ámbito autonómico para concluir, en última instancia, en un consejo nacional y nunca al revés.

Esa exigencia legal derivada del marco político territorial, unida a la división endémica que vivía la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, trasladó el problema a las distintas asociaciones autonómicas, que desde hacía años se enfrentaban al fenómeno de la colegiación desde diferentes puntos de vista y sensibilidades. Mientras que para Castilla-La Mancha o Cataluña constituía una cuestión prioritaria, para La Rioja representaba un serio inconveniente, ya que la obligatoriedad de establecer un colegio limitado al ámbito autonómico rompía la histórica convivencia de los enólogos riojanos, vascos y navarros bajo un paraguas común.

Ruptura de la filosofía original

De ese modo, Castilla-La Mancha, Cataluña y Rioja, que sumaban el 50 por ciento del total de los enólogos ejercientes habilitados en España, marcaron la pauta respecto a la futura creación de los colegios profesionales en todo el país, dando lugar a un movimiento ‘de dos velocidades’ que aún, hoy en día, se mantiene. Las dos primeras se lanzaron a la consecución del Colegio Profesional, que consiguieron finalmente en 2013 y 2014, respectivamente, mientras que Rioja dejó aparcado el proyecto. El resto de las asociaciones decidió mantenerse a la expectativa sin avanzar hacia la colegiación. Por su parte, la propia FEAE, que siempre defendió la creación de un Consejo General de Colegios de Enólogos, cambió diametralmente su política y pasó a abanderar a partir de 2013, bajo la presidencia de Santiago Jordi, un repliegue interno y el abandono completo del proyecto de colegiación, hasta entonces mayoritario y casi indiscutido.

Con el paso de los años y las escisiones vividas en el seno de la FEAE, primero de Cataluña y años después de Rioja -las dos asociaciones territoriales más numerosas –además del abandono de los colegiados castellanomanchegos y catalanes, la representatividad federativa se ha visto muy mermada (menos del 50 por ciento del total de los enólogos ejercientes en España), un hecho que se suma ahora a la admisión de los técnicos de Formación Profesional y de los titulados dedicados a la actividad vitivinícola, muy lejos de la filosofía y objetivos que la Federación Española de Asociaciones de Enólogos defendió durante décadas.