La histórica Federación Española de Asociaciones de Enólogos ha pasado a denominarse Federación Española de Asociaciones de Enología (FEAE) desde el pasado 2 de septiembre para poder integrar tanto a los enólogos titulados y habilitados como a los técnicos especialistas en vitivinicultura y a los técnicos en elaboración de vinos de Formación Profesional, así como a empresas y empresarios. Además, la organización que preside Santiago Jordi desde finales de 2013 ha ampliado sus fines con un enfoque claramente sindical para poder intervenir en “la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo y el dialogo social”. De este modo, el objetivo tradicional de la FEAE dirigido a velar por los intereses estrictamente profesionales de todos los enólogos licenciados, graduados o habilitados por ley, como antesala de la creación de un Consejo General de Colegios de Enólogos, ha saltado por los aires.

El cambio estatutario supone un hecho trascendental en el funcionamiento de la organización profesional, ya que, tradicionalmente, la FEAE solo admitía a licenciados y graduados en Enología, además de a los enólogos habilitados para ejercer la profesión, en virtud del Real Decreto que reguló la actividad profesional en el año 2002. También integraba, asimismo, a quienes ya estaban asociados antes del 31 de diciembre de 1990 y a quienes disponían de título universitario de primer o segundo ciclo en cualquier especialidad de viticultura y enología entre esa fecha y el 26 de julio de 1996, cuando se implantó en España la licenciatura de Enología.

Tras la modificación aprobada por la FEAE en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 2 de septiembre de 2019, que se refleja concretamente en el artículo 23 de sus estatutos, se han ampliado los requisitos para asociarse y el ámbito territorial de las asociaciones que quieran formar parte de la institución. Por ello, a partir de ese momento, “podrán pertenecer a la Federación las distintas asociaciones legalmente constituidas, en el ámbito de la enología, bien autonómicas, o bien con una circunscripción territorial inferior al Estado Español, aunque ésta no se corresponda con el territorio de una Comunidad Autónoma; las cuales, a su vez, estarán integradas por empresas, empresarios y profesionales, según la definición establecida por el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre)”.

En este sentido, la nueva FEAE establece dos tipos de asociados, los numerarios, que son los enólogos licenciados, graduados o habilitados por real decreto, y los no numerarios, que son los técnicos especialistas en vitivinicultura y los técnicos en elaboración de vinos -o habilitados para su ejercicio por real decreto-, así como los integrantes “de las distintas asociaciones regionales a la fecha de aprobación de los nuevos estatutos y que no reúnan las condiciones necesarias para ser socios numerarios”. En la práctica, todos los socios tendrán los mismos derechos, deberes y obligaciones, con la salvedad de que los no numerarios no podrán ser miembros de la Junta Directiva de la Federación.

Vocación abiertamente sindical

Del mismo modo, la FEAE ha extendido su tradicional defensa genérica de los “intereses profesionales” a la “defensa y promoción de los intereses laborales y profesionales” de sus asociados, introduciendo un enfoque abiertamente sindical, ya que como primer punto de sus fines destaca “la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, el dialogo social y la participación institucional en los organismos públicos de las administraciones laborales”.

Fuentes del sector enológico consultadas por la revista “Enólogos” consideran que las asociaciones “son, en realidad, entidades privadas de amigos, que se dedican a la parte lúdica del mundo del vino, a las reuniones, a la publicidad, a las relaciones con las autoridades, mientras que la defensa legal de la profesión y la parte seria de la Enología debería corresponder a los colegios profesionales, que son los que están constituidos como corporaciones de derecho público, con las competencias que les otorga la ley”.

Otras fuentes consultadas por esta revista estiman que la conversión de las asociaciones de enólogos en asociaciones de enología y vitivinicultura, donde tienen cabida profesionales de muy diversa cualificación académica y actividad profesional, puede tener sentido en lugares como Cataluña y Castilla-La Mancha, en las que ya existen desde hace años colegios oficiales de enólogos, pero discrepan respecto a que ese modelo sea positivo en el resto de los casos. “En Castilla-La Mancha o Cataluña”, explican, “cada cual puede elegir su pertenencia de acuerdo a sus intereses, pero en el resto de las comunidades autónomas no existe esa opción porque no se han constituido los colegios oficiales de enólogos ni tienen visos de constituirse”. “Por eso precisamente”, añaden, “la medida de la FEAE puede ser una bomba de relojería, ya que debilita la imagen de la profesión en el sentido de que se aleja del objetivo colegial y supone retroceder varias décadas en la consideración y el reconocimiento de los enólogos al confluir en las asociaciones personas recién tituladas, con una cualificación académica muy desigual, desde técnicos de FP a doctores universitarios, desde personas que recepcionan la uva en pequeñas cooperativas a directores técnicos de importantes grupos bodegueros internacionales”.

Cómo se ha llegado hasta aquí

Desde finales de los años noventa, la FEAE tuvo entre sus objetivos más destacados la obtención del reconocimiento legal de la profesión del enólogo, el impulso de la carrera universitaria de Enología y la consecución del Colegio Oficial de Enología con las atribuciones propias de su competencia.

Una vez conseguida la aprobación del Real Decreto 595/2002 que estableció las condiciones para poder desempeñar la profesión de enólogo en España y constatada la progresiva implantación de los estudios universitarios de Enología en la mayoría de las principales regiones productoras (Castilla-La Mancha ha sido la última en incorporar la enseñanza de la Enología a su oferta universitaria), los dirigentes federativos centraron sus esfuerzos en la consecución del Colegio Oficial de Enología con el convencimiento de que otorgaría el mejor marco legal para garantizar los derechos y el prestigio de la profesión.

Los presidentes que se sucedieron al frente de la FEAE desde finales  de siglo XX hasta 2013, Vicente Sánchez-Migallón, Antonio Palacios Muro y Juan Gómez Benítez, con el apoyo de los miembros de sus respectivas juntas directivas y el concurso de muchas asociaciones regionales, dedicaron un esfuerzo constante, además de importantes recursos económicos, para desbrozar el complicado camino de la colegiación profesional.

Pero, finalmente, ese trabajo chocó frontalmente con la legislación, que determinó que la constitución de un Colegio Oficial de Enología debía partir del ámbito autonómico para concluir, en última instancia, en un consejo nacional y nunca al revés.

Esa exigencia legal derivada del marco político territorial, unida a la división endémica que vivía la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, trasladó el problema a las distintas asociaciones autonómicas, que desde hacía años se enfrentaban al fenómeno de la colegiación desde diferentes puntos de vista y sensibilidades. Mientras que para Castilla-La Mancha o Cataluña constituía una cuestión prioritaria, para La Rioja representaba un serio inconveniente, ya que la obligatoriedad de establecer un colegio limitado al ámbito autonómico rompía la histórica convivencia de los enólogos riojanos, vascos y navarros bajo un paraguas común.

Cambio de la filosofía original

De ese modo, Castilla-La Mancha, Cataluña y Rioja, que sumaban el 50 por ciento del total de los enólogos ejercientes habilitados en España, marcaron la pauta respecto a la futura creación de los colegios profesionales en todo el país, dando lugar a un movimiento ‘de dos velocidades’ que aún, hoy en día, se mantiene. Las dos primeras se lanzaron a la consecución del Colegio Profesional, que consiguieron finalmente en 2013 y 2014, respectivamente, mientras que Rioja dejó aparcado el proyecto. El resto de las asociaciones decidió mantenerse a la expectativa sin avanzar hacia la colegiación. Por su parte, la propia FEAE, que siempre defendió la creación de un Consejo General de Colegios de Enólogos, cambió diametralmente su política y pasó a abanderar a partir de 2013, bajo la presidencia de Santiago Jordi, un repliegue interno y el abandono completo del proyecto de colegiación, hasta entonces mayoritario y casi indiscutido.

Con el paso de los años y las escisiones vividas en el seno de la FEAE, primero de Cataluña y años después de Rioja -las dos asociaciones territoriales más numerosas –además del abandono de los colegiados castellanomanchegos y catalanes, la representatividad federativa se ha visto muy mermada (menos del 50 por ciento del total de los enólogos ejercientes en España), un hecho que se suma ahora a la admisión de los técnicos de Formación Profesional, muy lejos de la filosofía y objetivos que la Federación Española de Asociaciones de Enólogos defendió durante décadas.