Las últimas estimaciones respecto a la cosecha de vino y mosto en España ya apuntan a una producción de más de 50 millones de hectolitros, mientras crece la alarma en el seno del sector vitivinícola por el exceso de oferta y la caída de precios. De acuerdo a las previsiones más recientes de Cooperativas Agro-alimentarias, en la comunidad de Castilla-La Mancha, que habitualmente representa entre el 50 y el 55 por ciento del total, se alcanzarían los 28 ó 29 millones de hectolitros, lo que anticipa unos registros históricos. Por su parte, la Sectorial Vitivinícola de la Asociación Agraria Jóvenes Agriculltores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha propuesto retirar del circuito de la comercialización el vino que no se ajuste a la reglamentación de calidad comunitaria, así como el que proceda de explotaciones con rendimientos superiores a los marcados por la normativa regional para destinarlo a biocombustible.

La preocupación por el exceso de oferta se está extendiendo progresivamente entre los agentes vitivinícolas a medida que pasan las semanas y se constatan las cifras reales de campaña. Las nuevas informaciones disponibles acrecientan la sensación de que el sector ya se encuentra ante un grave problema de volumen, precios y deflación, que ha truncado definitivamente la tendencia que España había experimentando durante los primeros ocho meses del año. Los datos hechos públicos por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) hasta agosto hablaban de un precio medio del litro de vino español exportado de 1,42 euros gracias, fundamentalmente, a la reducción de la cosecha experimentada en 2017. En el peor momento de la cotización exterior del vino español, hace apenas tres años, el precio se situó en el entorno de un euro por litro, ejemplo del ‘low cost’ vitivinícola mundial.

En esas condiciones, el vino granel, que representa más del 60 por ciento del producto exportado, se vende en el entorno de 30 ó 40 céntimos el litro y se encuentra a un paso de ser considerado como un ‘commoditie’, es decir, una mercancía sin valor agregado ni carácter diferenciador que se utiliza como materia prima para elaborar otros bienes, caso del gas natural, el petróleo, el cobre, el níquel, el trigo o el maíz.

Situación “preocupante”

Según una información publicada en el diario AgroCLM, “buena parte del sector ya calificó la situación de ‘preocupante’ a finales de octubre en una reunión de la tertulia del Ateneo Rural celebrada en Pedro Muñoz (Ciudad Real), donde adelantaron que la cosecha sería superior a la estimada al principio de la vendimia”, lo que provocaría “problemas de precios a la hora de las operaciones de ventas”.

El foro, organizado por el periodista Cándido Dacosta, contó con la presencia de cerca de medio centenar de asistentes, entre los que se encontraban el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España y de Castilla-La Mancha y presidente de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), Ángel Villafranca; el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Juan Fuente; la secretaria general de COAG CLM, Noelia Serrano; el secretario general técnico de ASAJA Ciudad Real, Arturo Serrano; el bodeguero Antonio Huertas; el senador del PP Carlos Cotillas, o el presidente de la Confederación Europea de Destilerías Vínicas (CEDIVI), Francisco Ligero.

Duro comunicado de Asaja

La preocupación ha dado lugar a un duro comunicado de la organización empresarial Asaja CLM, tras una reunión celebrada en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) de Tomelloso (Ciudad Real), en el que propone retirar del mercado el vino que no cumpla con la normativa para destinarlo a biocombustibles.

La organización agraria analizó las opciones existentes ante la posibilidad de que la campaña comercial del vino se complique por el incremento de las previsiones de producción de uva, aunque ha aclarado que habrá que esperar a conocer las cifras definitivas de las declaraciones de cosecha.

En este sentido, Asaja aboga por retirar el vino que no cumpla con la normativa europea de calidad de la ‘zona vitícola C III b’, a la que pertenece Castilla-La Mancha, así como aquel que proceda de explotaciones “cuyo rendimiento declarado sea superior a 20.000 kilogramos por hectárea para variedades de uva tinta y a 25.000 kilogramos por hectárea para variedades de uva blanca”, cifras que vienen marcadas por la Orden 123/2018, de 24 julio, publicada por la Consejería de Agricultura.

“Según dicha normativa”, explica Asaja, “la Administración regional establece la posibilidad de controles en aquellas explotaciones vitícolas cuyo rendimiento declarado sea superior a las cifras anteriormente señaladas”. En este sentido, la organización empresarial ha pedido a la Consejería que establezca como destino de esta producción sobrante la elaboración de biocombustibles, así como que abra procesos sancionadores en el caso de encontrar incumplimientos.

Mercado de biocarburantes

Además, Asaja propone subir las prestaciones vínicas del 10 al 15 por ciento, como otra medida de regulación del mercado, y dirigir también ese incremento del 5 por ciento al mercado de los biocarburantes. Del mismo modo, la organización agraria considera que hay que recuperar los mercados de mosto y alcoholes y destinar la producción del vino de mayor calidad al consumo directo.

Asimismo, también ha reiterado que “Castilla-La Mancha debe apostar por dar un valor añadido a los vinos de calidad”, priorizando la venta de embotellados en detrimento del vino a granel. A este respecto, de cara a la próxima feria de vino granel World Bulk Wine Exhibition, que se celebrará en Ámsterdam los días 26 y 27 de noviembre, aconseja a los viticultores no realizar operaciones por debajo de unos precios mínimos.

Por último, Asaja de Castilla-La Mancha destaca “la necesidad de poner en marcha medidas dirigidas a la trazabilidad real del producto elaborado con la uva, como la certificación de los productos o la gestión de las producciones, de tal manera que se puedan planificar adecuadamente las campañas presentes y evitar complicaciones en las futuras”.